Cedeira- Instan al Concello a hacer valer la sentencia de derribo de la “media casa”
m.f. > ferrol
El Ayuntamiento de Cedeira recibió en los últimos días un requerimiento judicial en el que se insta al consistorio a hacer valer la sentencia del TSXG de octubre de 2010 en la que se ordenaba el derribo de una vivienda de la calle María Auxiliadora, en el paseo de A Magdalena. La decisión judicial se basa en que la vivienda en cuestión, que recibió licencia urbanística a escasos días de las pasadas elecciones municipales -gobernando entonces el Bloque en coalición con el PSOE-, vulnera varios preceptos del ordenamiento jurídico. Asimismo, la licencia en cuestión se habría otorgado a pesar de haber emitido un informe desfavorable por parte de los servicios urbanísticos municipales.
En la referida sentencia se constatan varias anomalías como que la vivienda no se ajusta a la licencia de obra, también cuenta con unas medidas superiores a las previstas, alterando incluso las dimensiones del camino público en el que se asienta.
El Ayuntamiento debe hacer valer la orden judicial e instar a los propietarios del inmueble a que repongan la legalidad en los terrenos, es decir, a derribar la vivienda conocida como la "media casa". De no llevar a cabo la demolición, el Concello podrá imponer las preceptivas multas y, en última instancia, actuar de forma subsidiaria y ejecutar el derribo.
Consecuencias > Preguntado por este asunto, el alcalde de Cedeira, José Luis Vergara, lamentaba que una vez más deban asumir los errores de gestión de anteriores gobierno municipales durante su mandato. El regidor cedeirés recordó que durante estos cuatro años ya debieron hacer frente a otras irregularidades urbanísticas, debiendo abonar 250.000 euros de una sentencia del TSXG por las obras del polideportivo municipal, ejecutadas en 1987 por la empresa Padín, que denunció diferencias entre el precio de adjudicación de la actuación y el coste real de la misma.
Vergara teme ahora que al haber sido el Concello quien concedió licencia de obra deban asumir una nueva multa. El primer edil cifró en unos 300.000 euros los posibles gastos.
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